- El movimiento en defensa de los derechos sociales, Elkartzen nos hace llegar una nota de prensa en relación a la equiparación de pensiones al SMI, que ha realizado el Gobierno Vasco. (1)  Además en otro texto, también analizan el IRPF del 2008.(2)

(1) El SMI es un indicador que está por debajo del umbral de la pobreza. Es necesario calcular el umbral de la pobreza para articular medidas en base a ese umbral

Desde Elkartzen nos alegramos de que Lakua haya decidido –por fin, tras muchos años de ningunear esta exigencia popular escudándose en la ausencia de competencias- complementar los ingresos de los colectivos de pensionistas y viudas. Y es que al menos estas personas verán aliviada mínimamente su precaria situación. Sin embargo, creemos que la medida no es suficiente, ya que no posibilita a los colectivos citados abandonar situaciones de precariedad y exclusión, puesto que el indicador fijado para subir esas pensiones, el SMI, es un indicador que está por debajo del umbral de la pobreza. Incluso el propio Gobierno Vasco reconoce en los últimos informes sobre exclusión que hay trabajadores y trabajadoras a tiempo completo que reciben salarios con los que tienen dificultades para llevar a cabo una vida digna. No entendemos por lo tanto que esta institución siga utilizando indicadores que no son válidos para evitar la precariedad.

Según los cálculos de Elkartzen -utilizando la metodología del 37,5% del PIB per capita- para 2008 el umbral de pobreza en Euskal Herria se sitúa en 1.030 euros mensuales.

Así las cosas, exigimos a las diferentes instituciones de Euskal Herria que calculen el umbral de la pobreza (anclándolo a la riqueza generada en el territorio, tal y como lo hace la metodología utilizada por Elkartzen) y establezcan las medidas necesarias para asegurar esos ingresos a toda la población. A su vez, animamos a pensionistas y viudas a que se organicen y luchen por los derechos que les corresponden. Y es que es necesario construir entre la clase trabajadora y los sectores populares un muro frente al proceso de precarización al que nos están sometiendo las élites económicas y políticas.

(2) El actual sistema fiscal, permite la concentración de rentas en cada vez menos manos y no redistribuye minimamente la riqueza generada. Urge pues democratizar la economía como paso previo a una verdadera soberanía económica.

Leemos en prensa que las haciendas forales han asumido el compromiso electoralista de Rodríguez Zapatero, para la devolución de 400 euros y la corrección de las tablas del IRPF para hacer frente a la carestía de la vida. Lo que no nos dicen es que precisamente las personas con rentas bajas, las que cobran la Renta Básica, las viudas, la mayoría de las personas pensionistas o las que realizan trabajos precarios, quedan fuera de esta medida ya que según Hacienda “no tienen obligación de presentar la declaración”. Callan!, que a ellas también les han retenido en su nómina, y que la retención realizada ha sido mayor de lo que corresponde a sus ingresos anuales totales, por lo que en caso de presentar declaración, hacienda les debería de devolver una parte de lo retenido. Desde Elkartzen entendemos que esta medida es un parche, ya que:

- por un lado no se beneficiarán del cobro de los 400 euros, precisamente las personas más necesitadas. Sí en cambio rentas altas, ya que no se establece un límite superior de quién puede recibir estas ayudas. ¿Es lógico que una persona con una nómina de 5.000 euros mensuales o un profesional liberal (abogados, médicos, notarios...) –uno de los sectores en los que se concentra en mayor medida el fraude fiscal- se beneficien de esta medida mientras una persona con un trabajo precario no pueda hacerlo?

- por otro lado, esta medida va a suponer un recorte en la recaudación, con lo que el futuro recorte del gasto social dejará desprotegidas a los sectores más explotados y precarizados de la sociedad, que son precisamente los que no se van a beneficiar de la medida.

- por otro lado, esta medida, aunque fuera destinada a quien realmente debe de ir destinada tan sólo supondría una ayuda de algo más de un euro al día. Tal vez esta medida trata de acallar hechos como el fraude de la Hacienda de Irun, o el fraude del Guggenheim, o el brutal fraude fiscal existente.

Si de verdad la clase política quiere poner medidas de contención a la precarización social que estamos padeciendo y que está siendo más palpable de la mano de la crisis, habría que cambiar el sentido tributario actual, eliminar las vacaciones y desgravaciones fiscales y hacer frente al fraude fiscal ya que solo con la eliminación del fraude fiscal (9.000 millones de €) se permitiría duplicar la partida actual de todo el presupuesto de gastos sociales (educación, sanidad, Renta básica, ayuda a la familia, 3ª edad...) de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia.

Todas las reformas fiscales de los últimos 25 años han ido en la dirección de recortar los impuestos a las rentas más altas, más deducciones especiales (EPSV y otras) más vacaciones fiscales, trato a favor según sea el origen de la renta, etc., mientras tanto las rentas salariales han ido cargando con un mayor pago, por tanto conviene mirar todo el entramado de impuestos de los que se nutre Hacienda para ver en que proporciones aportamos las rentas altas, las especulativas o las rentas de trabajo al bote común.

Así, año tras año se rompe la equidad y la progresividad en los impuestos ya que por cada 100 € ingresados en la recaudación total de las Haciendas Vascas, 85,8 € habían sido abonados a través de las rentas de trabajo y el consumo (IVA, Impuestos especiales como hidrocarburos, electricidad, etc).. Las empresas vascas (BBVA; IBERDROLA; GAMESA, Petronor, y un largo etc.) han presupuestado ingresar solamente 14,2 €, y las grandes fortunas vascas a través del impuesto sobre el patrimonio ingresarán solo 11centimos de €. Por otro lado se estima que el fraude fiscal en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia superó en 2006 los 9.000 millones de € gracias a la ingeniería fiscal, al dinero negro, al fraude de ley (aprovechando la regulación que lo facilita) y la complicidad de las instituciones en muchos casos.

La ultima reforma del IRPF, que entra en vigor en la declaración de este año, ha roto más la equidad. Hacienda no suma las rentas de forma neutral. Así las rentas provenientes de los alquileres, las compra-ventas de inmuebles y acciones, las especulativas, acaban pagando el impuesto mínimo (el 18% sea cual sea su importe). Con ello se da la paradoja de que 10.000€ de renta no pagan lo mismo independientemente de la forma de obtenerlos. Si se han obtenido por trabajo asalariado el impuesto es de 2.300€ (el 23% desde el primer €). Si provienen de alquiler de inmuebles es de 1.440€ (se tributa el 18% del 80% del alquiler neto). Y por último si provienen de intereses bancarios, pelotazos especulativos, ventas de inmuebles, etc., puede ser de 0 hasta 1.800 € máximo (18%).
Junto a esta falta de equidad esta reforma también ha roto la progresividad, en perjuicio de las rentas bajas. En las rentas de trabajo el tipo mínimo ha aumentado del 15% al 23% (además hasta ahora los primeros 3.746€ estaban exentos (tipo 0%) y ahora se paga desde el primer €.). Por el contrario, para las rentas más altas el tipo máximo ha bajado del 48% al 45%. En las rentas de ahorro y capital (mobiliario y alquileres), así como en los incrementos de patrimonio por especulación, no existe progresividad pagando el 18% sea cual sea la renta obtenida. Y los Fondos de Inversión, (SICAV), causantes de la especulación masiva en materias primas (cereales, leche, petróleo, etc.) solo pagan el 1%, sea cual sea su beneficio. Pero no solo hay diferencias de impuesto entre los distintos orígenes de renta, sino en las posibilidades de reducir lo que correspondería pagar ya que través de la ingeniería fiscal, las rentas altas, las de capital, las profesionales y empresariales acaban aportando menos al bote común de ingresos por lo que pagan impuestos, no aquellas personas que más ganan, sino aquellas que no tiene capacidad política para eludirlos.

La otra cara de una fiscalidad no equitativa son unos presupuestos públicos austeros en lo social, y generosos con el lobby especulativo.
Tras la bajada de impuestos llega un ajuste presupuestario del gasto público que se suele centrar en recortes sociales. Lo grave de esta situación es que el gasto público se basa en la recaudación, y son precisamente los empresarios y las grandes rentas las que marcan la dirección de los presupuestos exigiendo pagar aún menos para facilitar la especulación y por otro lado exigiendo más fondos para “sus” infraestructuras. Un ejemplo de la exigencia de fondos para infraestructuras está en el TAV que además de suponer un enorme gasto de dinero público (más de 10.000 millones de €), tendría una explotación comercial deficitaria, es decir, no solamente va a ser incapaz de amortizar los elevados costes de construcción, sino que ni siquiera cubriría los costes de explotación del servicio, por lo que requeriría financiación pública permanente para su funcionamiento, restando presupuesto a necesidades sociales.

Con todo ello desde Elkartzen creemos que urge tomar conciencia de la gran inequidad que encierra el sistema tributario vasco, y movilizarse por un sistema más equitativo y realmente progresivo. Hay que acabar con el fraude de ley y con el fraude que posibilita la ingeniera fiscal, racionalizar las deducciones fiscales, e impulsar un mayor control de la economía sumergida. Todo ello para dotar al sistema público de recursos suficientes para un mayor desarrollo del gasto social.

( junio 2008)