Posicionamiento que desde la "Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales" Berri-Otxoak tenemos a cuenta de la convocatoria de Huelga General para el 21 de Mayo. Con este escrito se han querido expresar las razones que encontramos, las gentes que sufrimos en nuestras propias carnes las situaciones de precariedad y pobreza, para apoyarla

Las personas que sufrimos las consecuencias de la precariedad laboral, el desmantelamiento de los servicios sociales y los recortes en las prestaciones sociales tenemos fundadas razones para apoyar la convocatoria de huelga promovida por la mayoría sindical vasca.

En la actualidad el desempleo afecta a 160.580 personas, incrementándose en un 56% en los últimos doce meses. El 40% de las personas desempleadas tiene pocas opciones de reinserción laboral y el 37,6% no cobra prestación de desempleo. Por otro lado, y según la última “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales” del Gobierno Vasco,

1. 68.051 personas -un 3’2% de la población- y un 2% de los hogares -23.600- en el último año han tenido problemas muy graves como no disponer de suficiente comida, carecer de ropa adecuada o de calefacción para hacer frente al frío invierno.

2. A esto habría que añadir que casi 40.000 hogares vascos tienen dificultades para poder pagar los alimentos, la ropa, el alquiler o la hipoteca; es decir viven en riesgo de pobreza extrema. En ellos se hallan 88.643 personas, un 4,2% de la población de la CAV -15.000 más que en 2004-.

3. Además, 454.000 personas -el 21’4% de la población-, 184.000 familias, tienen dificultades para llagar a fin de mes.

4. En definitiva, cerca de un tercio de la población vasca, 610.694 personas, o el 21% de los hogares vascos, tienen dificultades para cubrir sus necesidades más básicas.

Todas estas situaciones se han dado en un en un supuesto periodo de bonanza económica. Aunque a la luz de estas cifras sólo lo ha sido para empresarios, constructoras, especulares y entidades bancarias.

Situaciones de pobreza y precariedad que se ven agravadas por la falta de un presupuesto suficiente para atender todas las demandas de prestaciones sociales. Así, la mayoría de los ayuntamientos ya han hecho público que cientos de familias se quedarán sin ayudas sociales por la falta de un presupuesto suficiente para atender la falta de recursos económicos de las familias vascas. Además, los servicios sociales se encuentran desbordados por la avalancha de familias en busca de algún tipo de cobertura social.

Pero esto no es producto de la casualidad. Mientras se dan subvenciones a los empresarios, disminuye el impuesto de sociedades aplicado a las empresas, se derrochan millones de euros en el TAV o a través del incremento del gasto militar, se retrae dinero para los servicios o las prestaciones sociales.

Desde esta perspectiva se puede entender la aprobación en el Parlamento Vasco el pasado 23 de diciembre del 2008 la nueva ley contra la pobreza: “La Ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social”. Esta nueva norma recoge múltiples recortes en las prestaciones sociales. Así, entre otros aspectos negativos a destacar, las familias con un trabajo en precario que necesiten complementar sus bajos salarios para subsistir ya sólo lo podrán hacer durante un periodo limitado de tiempo; después se verán condenados además de a la precariedad, a la pobreza. Se impone un límite de años para las ayudas al alquiler, para las hipotecas y para el mantenimiento de la vivienda, una vez terminado ese tiempo, los preceptores de las ayudas, tendrán más posibilidades de quedarse sin vivienda.

Hemos de exigir compromisos concretos a las administraciones vascas para erradicar las situaciones de desempleo, precariedad laboral y pobreza. Debemos pelear por una nueva legislación que recoja avances significativos en las políticas sociales. Hay que luchar por una política fiscal que distribuya de manera justa y solidaria la riqueza y que acabe de forma decidida con el fraude fiscal de los empresarios. En definitiva, debemos apoyar la HUELGA GENERAL del 21 de MAYO para implementar una red pública de servicios sociales que nos permita acceder a unas condiciones de vida dignas.